Insisto. El terrorismo de estado no es un accidente improbable.
Es un mal endémico, que aparece en ocasión de crisis políticas o conflictos sociales.
No es un fenómeno exclusivo de regímenes autoritarios o de despotismos arcaicos, enterrados en el pasado remoto. Como demostramos antes, la historia reciente y muy reciente de Argentina, Uruguay y, sobre todo, EE.UU., sugiere que la democracia no es un escudo suficiente. Podríamos sumar ejemplos. Francia en Argelia; Alemania en los 70, con su prisión de Stammheim, de privación sensorial; España con su GAL. Democracias impecables.
Hay quien considera que el arma de la tortura y la desaparición forzada, es decir, de la práctica del terror contra la población, debe ser preservada. Son muchos, están ubicados en jerarquías sociales elevadas y hablan con una sola voz. Los llamo el partido de la impunidad. Si preservan el arma ¿es para usarla algún día? Algunos no lo saben y otros no lo confiesan. Andan vituperando a los que, dicen, tienen "ojos en la nuca". Ellos quieren "que se dé vuelta la página" y que no se hable más del asunto.
Otros pensamos que esa política es indigna del estado de derecho, que la impunidad debe ser abolida y que para el mantenimiento del orden y de la legalidad no se debe recurrir a la violación de los derechos y garantías individuales. Para simplificar, a este le llamo el partido de la justicia. Creemos que es necesario proscribir el terror de estado, como se hizo con las armas químicas o con la tortura de los prisioneros de guerra.
Eso está hecho en parte con los tratados internacionales que nuestro país suscribió y ratificó con voto parlamentario, como el Tratado de Costa Rica o el que instituyó la Corte Penal Internacional. Esos tratados valen como leyes en el Uruguay, y más que leyes porque no se pueden derogar de la misma manera. Por eso el fallo de la Corte Interamericana de DD HH es vinculante para nuestras instituciones.
El partido de la impunidad no lo quiere admitir y se aferra a falsos argumentos como los que ya refutamos (ver ¿qué voto el pueblo?).
La Suprema Corte se obstina, contra toda lógica, en considerar homicidio las desapariciones. El voto discordante de Leslie Van Rompaey es cristalino y rotundo: “Aún cuando esta figura delictiva no estuviere incorporada a la legislación nacional a la época del comienzo de la consumación con la privación injusta de libertad de las víctimas”, dice el voto discordante, “el delito se sigue cometiendo en la actualidad, día a día, hasta la aparición de los cuerpos”.
Y ese delito debe ser y será castigado.
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