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lunes, 20 de junio de 2011

¿Quién quiere hundir el euro? ¿Y por qué?

No tenemos la respuesta, claro está, a la pregunta. Pero cabe hacérsela, vistos algunos hechos recientes.

Un ejemplo es el arresto del ex-director del FMI en Nueva York, con la campaña electoral subsiguiente por el cargo vacante, así como las opiniones expresadas al respecto en la prensa estadounidense.

Dominique Strauss-Kahn, apodado DSK en la prensa francesa, cabeza del FMI, favorito en los sondeos para la candidatura presidencial del Partido Socialista y probable futuro presidente de Francia, fue desmontado bruscamente de todos sus cargos, presentes y futuros, por una camarera de hotel neoyorquino. Bello ejemplo de democracia, si fuera tal como lo cuentan.

Según algunos analistas, la presencia misma de DSK en Nueva York se debía a las negociaciones secretas entabladas con la Reserva Federal de EE.UU. por la deuda pública y el déficit fiscal abismales del estado norteamericano. DSK, está establecido, tenía un plan para sacar al dólar de la trampa, pero a costa de su hegemonía como moneda mundial. De allí que pasara de un confortable hotel a una celda de Harlem, esposado y escoltado por varios policías, como un reo peligroso.
DSK tenía también, dicen, un plan para evitar el "default" griego y el peligroso efecto dominó resultante en la zona euro.

Se comprende que EE.UU. considere que la hegemonía del dólar es la piedra angular de su supremacía militar, pues ha sido lo que le ha permitido pagar los costos de varias guerras ruinosas, desde la de Vietnam hasta la de Irak, imprimiendo dólares y generando deuda.

Hoy la prensa norteamericana exige del candidato a presidir el F.M.I. que se pronuncie por la restructuración de la deuda griega, lo que llevaría probablemente a un "default" que desestabilizaría a la zona euro en su totalidad. El euro: rival del dólar en la escena del comercio mundial.

Así, DSK sufrió una suerte similar a la de los adversarios del Pentágono y de Wall Street; está acusado de intento de violación, como Julian Assange, que reveló secretos militares y diplómaticos, o como Eliot Spitzer envuelto en un escándalo de prostitución cuando, desde la fiscalía de Nueva York, procesó a empresas financieras de Wall Street.

martes, 7 de junio de 2011

¿Por qué hay que abolir la impunidad?

Insisto. El terrorismo de estado no es un accidente improbable.

Es un mal endémico, que aparece en ocasión de crisis políticas o conflictos sociales.
No es un fenómeno exclusivo de regímenes autoritarios o de despotismos arcaicos, enterrados en el pasado remoto. Como demostramos antes, la historia reciente y muy reciente de Argentina, Uruguay y, sobre todo, EE.UU., sugiere que la democracia no es un escudo suficiente. Podríamos sumar ejemplos. Francia en Argelia; Alemania en los 70, con su prisión de Stammheim, de privación sensorial; España con su GAL. Democracias impecables.

Hay quien considera que el arma de la tortura y la desaparición forzada, es decir, de la práctica del terror contra la población, debe ser preservada. Son muchos, están ubicados en jerarquías sociales elevadas y hablan con una sola voz. Los llamo el partido de la impunidad. Si preservan el arma ¿es para usarla algún día? Algunos no lo saben y otros no lo confiesan. Andan vituperando a los que, dicen, tienen "ojos en la nuca". Ellos quieren "que se dé vuelta la página" y que no se hable más del asunto.

Otros pensamos que esa política es indigna del estado de derecho, que la impunidad debe ser abolida y que para el mantenimiento del orden y de la legalidad no se debe recurrir a la violación de los derechos y garantías individuales. Para simplificar, a este le llamo el partido de la justicia. Creemos que es necesario proscribir el terror de estado, como se hizo con las armas químicas o con la tortura de los prisioneros de guerra.

Eso está hecho en parte con los tratados internacionales que nuestro país suscribió y ratificó con voto parlamentario, como el Tratado de Costa Rica o el que instituyó la Corte Penal Internacional. Esos tratados valen como leyes en el Uruguay, y más que leyes porque no se pueden derogar de la misma manera. Por eso el fallo de la Corte Interamericana de DD HH es vinculante para nuestras instituciones.

El partido de la impunidad no lo quiere admitir y se aferra a falsos argumentos como los que ya refutamos (ver ¿qué voto el pueblo?).

La Suprema Corte se obstina, contra toda lógica, en considerar homicidio las desapariciones. El voto discordante de Leslie Van Rompaey es cristalino y rotundo: “Aún cuando esta figura delictiva no estuviere incorporada a la legislación nacional a la época del comienzo de la consumación con la privación injusta de libertad de las víctimas”, dice el voto discordante, “el delito se sigue cometiendo en la actualidad, día a día, hasta la aparición de los cuerpos”.

Y ese delito debe ser y será castigado.